Una venta disfrazada de reforma, “El cuestionable fideicomiso vial”
Por Rafael Castillo,
Miembro de La Fuerza del Pueblo
Congreso Nacional.-
En la pasada sesión de la Cámara de Diputados, expuse una realidad que afecta directamente al pueblo dominicano. Este fideicomiso vial, firmado originalmente en el año 2013 bajo el gobierno anterior, ha llegado nuevamente a nuestras manos en forma de una modificación contractual. Es crucial que expliquemos a la sociedad en qué consiste esta reforma, cómo afecta nuestras finanzas públicas y, más importantes, cómo impactará a los dominicanos.
Un proceso apresurado y sin transparencia
Cuando este contrato llegó a la Cámara de Diputados, fue remitido a la Comisión de Hacienda. Sorprendentemente, en apenas 15 minutos fue aprobado sin un análisis riguroso. Solo después de gestiones con el presidente del cuerpo legislativo, Alfredo Pacheco, y una mediación activa, logramos que volviera a comisión, donde se generó una discusión más profunda. Sin embargo, la mayoría legislativa se impuso nuevamente y aquí estamos, con un proyecto aprobado sin las explicaciones necesarias.
¿Qué implica esta modificación?
El contrato original del fideicomiso vial establecía una vigencia que culminaría en 2041. Ahora se busca extenderlo 19 años más, llevándolo hasta el 2060. Algunos podrían argumentar que se trata de una operación entre instituciones del Estado que no afecta directamente al ciudadano. Nada más lejos de la realidad. Este movimiento traerá consigo un aumento en los costos de los peajes, lo que representa una carga adicional para el bolsillo de los dominicanos.
Estamos frente a una estrategia velada de reforma fiscal, aplicada en pequeñas dosis que, al final, recaerán sobre los contribuyentes. Este fideicomiso, que inició con una deuda de RD$61,000 millones, ahora se encuentra ahogado en deudas, mientras se realizan ajustes para beneficiar desproporcionadamente a la fiduciaria Banreservas.
Beneficios excesivos para la fiduciaria
Según el anexo 6 del contrato original, Banreservas recibe RD$500,000 anuales por cada caseta de peaje. Esto significa, por ejemplo, que en la autopista Las Américas, con 20 casetas, se generan RD$10 millones al año solo por ese concepto. Además, la fiduciaria percibe un porcentaje de las recaudaciones:
Un 1% sobre los primeros RD$2,000 millones recaudados.
Un 0.7% sobre cualquier monto adicional.
Hasta aquí, el esquema es discutible pero tolerable. Sin embargo, con esta modificación se introducen nuevos términos que agravan la situación:
Un 9% por manejo de inversiones: Ahora, Banreservas exige este porcentaje sobre los recursos invertidos para el provisionamiento del fideicomiso. Esto se suma a los beneficios ya mencionados, encareciendo aún más la operación.
Carácter retroactivo: Lo más preocupante es que este 9% aplicará de manera retroactiva desde 2022, obligando al Estado a pagar sumas millonarias por beneficios previamente no contemplados.
Impacto en el ciudadano común
Esto no es solo un asunto técnico o financiero; es un golpe directo al pueblo. Los dominicanos sentirán el peso de esta reforma en su día a día, pagando más por transitar por las carreteras y viendo cómo los recursos públicos se desvían para cubrir acuerdos desproporcionados en favor de una institución.
Finalmente, nos encontramos ante una decisión que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría. Este contrato no solo compromete nuestras finanzas públicas por décadas, sino que establece precedentes peligrosos sobre la gestión de los fideicomisos.
Como legisladores, tenemos el deber de proteger los intereses del pueblo, no de someterlos a contratos lesivos. Hago un llamado a mis colegas diputados y a la sociedad dominicana a rechazar estas modificaciones y exigir una gestión más transparente y responsable de nuestros recursos.
