Cartel delictivo en Venezuela: la mafia que trafica cocaína, hambre e impunidad

Por Roberto Veras

VENEZUELA.-

En Venezuela no se habla solo de narcotráfico. Se habla de un cartel delictivo que ha convertido al Estado en su plataforma de operaciones, utilizando cada resquicio institucional para movilizar toneladas de cocaína, pero también para traficar con lo más doloroso: la impunidad, el hambre y el miedo.

Los informes señalan que aeropuertos, puertos y hasta vehículos oficiales sirven de cobertura para el traslado de droga hacia diversos destinos internacionales. Esta maquinaria criminal, lejos de ser perseguida, opera con protección directa de sectores de poder, en una simbiosis que mezcla corrupción, política y represión.

Mientras tanto, el pueblo venezolano vive la otra cara de este esquema de saqueo. Los apagones constantes, la escasez de alimentos y medicinas, y el control social ejercido a través del miedo son parte del costo humano que paga una nación sometida a la lógica de un cartel enquistado en el poder.

La estructura criminal ha penetrado todas las instituciones del Estado. El ejército, que debería garantizar la soberanía, es señalado como parte activa en la protección de rutas y cargamentos. Los organismos de inteligencia, en vez de combatir al crimen, lo blindan. El poder judicial y el legislativo, lejos de fiscalizar, han sido reducidos a engranajes de silencio y complicidad.

Lo que en otros países se identifica como mafias aisladas, en Venezuela se describe como un sistema completo de gobierno bajo control del crimen organizado. Una red que no solo trafica droga, sino que manipula el hambre como arma de dominación, reparte privilegios a cambio de lealtades y extiende el miedo como forma de control político.

El colapso económico no es casualidad. La corrupción sistémica y el desvío de recursos hacia esta maquinaria delictiva han dejado al país sin capacidad de respuesta frente a las necesidades más básicas de su población. Los hospitales sin insumos, las escuelas deterioradas y las calles inseguras son consecuencias visibles de un modelo de saqueo institucionalizado.

Los testimonios de víctimas y exfuncionarios revelan que no hay rincón del Estado que no haya sido colonizado por esta red. Desde alcaldías rurales hasta los más altos cargos del gobierno central, la cadena de complicidades funciona bajo la premisa de enriquecimiento ilícito y perpetuación en el poder.

La comunidad internacional ha denunciado reiteradamente estas prácticas, pero los mecanismos de sanción y presión parecen insuficientes frente a una estructura tan consolidada. El cartel venezolano no es solo un asunto interno; se proyecta como una amenaza regional con capacidad de desestabilizar a países vecinos a través del narcotráfico y el contrabando.

Venezuela, en lugar de ser un Estado protector, se ha convertido en un Estado capturado. Y en ese escenario, el ciudadano común queda atrapado en una vida de carencias y temores, donde la represión silencia y el hambre disciplina. La verdadera riqueza del país se escurre en aviones y buques cargados de cocaína, mientras millones luchan por sobrevivir.

La pregunta que queda es cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que trafica con todo: con drogas, con poder, con el dolor y con la esperanza de un pueblo. La historia demuestra que ninguna estructura criminal es eterna, pero mientras permanezca, la nación seguirá pagando el precio más alto.