La justicia, la historia y la corrupción: reflexiones sobre un país que busca la verdad
Por Juan José Encarnación
SANTO DOMINGO, RD.-
Las celebraciones cristianas en la República Dominicana llegaron de la mano de España, que trajo consigo la religión católica durante la colonización. Ese proceso histórico implicó también la destrucción de la cultura y las tradiciones de los aborígenes, además del despojo de nuestras riquezas, especialmente el oro. A pesar de ese pasado doloroso, con el tiempo surgieron nuevas costumbres, creencias y formas de ver la vida. Hoy, muchos dominicanos se apoyan en diversas fuentes de conocimiento, desde libros hasta contenido digital, como plataformas españolas y educativas, intentando comprender mejor nuestra realidad social y cultural.
Sin embargo, en la sociedad dominicana persisten problemas profundos. Las indelicadezas, la falta de responsabilidad y el irrespeto a la ley siguen afectando a una parte importante de la población. Mucha gente no teme enfrentar un proceso judicial y tampoco valora el impacto que ello tiene en su familia. En ese contexto, la corrupción se convierte en un cáncer social que debilita la confianza pública. Se habla de corporaciones donde se han perdido más de 15 mil millones de pesos, y aunque algunas personas han decidido devolver parte del dinero sustraído, sigue siendo una mínima porción de lo robado.
El hecho de que, por primera vez en un gobierno, se esté recuperando parte de lo sustraído es un avance, aunque sea mínimo. La justicia también ha actuado apresando a individuos involucrados en grandes casos de corrupción. Estos procesos afectan no solo a los imputados, sino también a sus allegados y a aquellos que habían confiado en su reputación, incluyendo amigos, colaboradores y sectores políticos enteros. La trama de corrupción es tan compleja que nadie sabe aún hasta dónde llegará ni cuántos más serán involucrados.
El ser humano suele ser ambicioso y eso lo lleva a caer en tentaciones de poder y de dinero. No se trata únicamente del gobierno actual, sino también de administraciones pasadas, donde muchos actos indebidos nunca recibieron consecuencias legales. La justicia, sin embargo, debe ofrecer no solo castigo, sino también un marco moral que permita corregir, perdonar y encaminar. Dios no persigue ni condena, pero los hombres muchas veces manipulan su nombre para justificar acciones o engañar al pueblo, cuando en realidad deberían actuar con honestidad.
Las familias de los imputados también sufren este proceso. Sentir que un ser querido podría enfrentar 18 meses de prisión preventiva o una medida coercitiva estricta es devastador. Y aunque la ley permite revisar esas medidas cada tres meses, muchos casos permanecen estancados durante largos periodos. Las redes de corrupción, como las reveladas en operaciones recientes, parecen interminables. Al final, sin importar cuán complejo sea el expediente, la justicia deberá decidir si corresponde otorgar libertad condicional, prisión domiciliaria o presentaciones periódicas, conforme dicte el debido proceso.
En gobiernos anteriores, cuando surgían casos similares, las autoridades actuaban de forma muy distinta: allanamientos a altas horas de la madrugada, esposas, cámaras de televisión convocadas para humillar públicamente a los acusados y un enfoque más mediático que jurídico. Hoy, aunque aún hay fallas, existe mayor respeto hacia los derechos humanos. La justicia ya no debe ser un instrumento de persecución política ni de linchamiento moral, sino un mecanismo institucional que aplique la ley preservando la dignidad humana.
Cada funcionario o acusado vive la situación de manera distinta: algunos lo enfrentan con serenidad, otros con profundo sufrimiento. Sus familias y su entorno también cargan con el peso emocional. Incluso personas cercanas al presidente, como amigos y compañeros de Santiago, han quedado envueltas en estos procesos, generando tristeza y desconcierto. Aun así, el Gobierno ha dejado claro que no intervendrá en los expedientes, permitiendo que las investigaciones continúen. La Cámara de Cuentas sigue realizando auditorías y las instituciones deben mantener firme el compromiso de llevar estos casos hasta las últimas consecuencias, para que la justicia prevalezca y el país no regrese a prácticas de impunidad del pasado.
