Manuel Rojas destaca que bajo el gobierno de Luis Abinader la corrupción se castiga y los culpables van a los tribunales
Por redacción SDE digital
SANTO DOMINGO, RD.-
Manuel Rojas ha afirmado, con sobrada razón, que en el actual gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se ha marcado un antes y un después en el combate contra la corrupción administrativa. Sus declaraciones parten de una lectura clara del momento político que vive el país, donde por primera vez se percibe una voluntad real de enfrentar prácticas que durante años afectaron la credibilidad de las instituciones públicas.
Rojas señaló que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un solo período gubernamental, sino una realidad que ha estado presente tanto en gobiernos pasados como en el actual. Reconoció que en distintas administraciones algunos funcionarios incurrieron en indelicadezas y abusos en el ejercicio de sus funciones, traicionando la confianza depositada por el pueblo dominicano.
Sin embargo, hizo una diferencia sustancial entre el pasado y el presente. Explicó que, aunque antes se conocían casos de irregularidades y actos cuestionables, la respuesta institucional solía limitarse a simples destituciones, traslados discretos o silencios administrativos que dejaban intacta la impunidad.
En contraste, Manuel Rojas destacó que en el gobierno de Luis Abinader se ha asumido una postura firme frente a la corrupción, permitiendo que los funcionarios señalados sean sometidos a la acción de la justicia sin importar su rango, afiliación política o cercanía con el poder. Esta práctica, afirmó, fortalece el Estado de derecho y envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley.
Asimismo, valoró que los procesos judiciales en curso demuestran una ruptura con la cultura de protección y encubrimiento que caracterizó a administraciones anteriores. Para Rojas, el hecho de que los casos lleguen a los tribunales representa un avance significativo en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas.
El comunicador subrayó que esta nueva dinámica no solo castiga a quienes han fallado, sino que también sirve como elemento disuasivo para los actuales y futuros funcionarios públicos. La certeza de que los actos corruptos tienen consecuencias legales reales contribuye a elevar los estándares éticos dentro de la administración pública.
Finalmente, Manuel Rojas sostuvo que el combate a la corrupción debe mantenerse como una política de Estado y no como una acción coyuntural. A su juicio, la sociedad dominicana espera que este enfoque se consolide en el tiempo, garantizando instituciones más fuertes, una democracia más sólida y una gestión pública basada en la honestidad y el respeto a los recursos del pueblo.
