LA CRISIS ELECTRICA Y EL DECRETO 517-25
SANTO DOMINGO, RD.-
La población dominicana vive ante una crisis eléctrica de grandes dimensiones que está afectando enormemente su calidad de vida y el aparato productivo nacional, todo como consecuencia múltiples factores de la política eléctrica gubernamental, siendo el más sobresaliente, el de la incapacidad gerencial del Zar eléctrico en que se ha convertido el incumbente de la Central Termo Eléctrica Punta Catalina y del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, quien controla de manera absoluta el sector, en su papel más que de administrador, de juez y parte.
La improvisación es la principal causa del agravamiento que ha alcanzado esta crisis por la falta de planificación, teniendo a su vez como consecuencia que las empresas distribuidoras, que también tienen su cuota de responsabilidad en este desastre, no atiendan en el momento necesario las demandas diarias que presenta el sector eléctrico por la falta de insumos claves como cables, tuberías, transformadores, medidores o contadores, entre otros.
En materia de pérdidas y déficit el sector eléctrico presenta una situación catastrófica, las pérdidas sobrepasan el 37% y el déficit representa alrededor de 2 mil millones de dólares, factores que el incumbente justifica en el tope de la demanda sin darse cuenta que esto tendría solución en una correcta planificación, misma que debía prever el posible crecimiento del sector eléctrico. En recientes declaraciones a la prensa, el incumbente Marranzini expresa “tenemos un sector eléctrico que ha crecido y prácticamente duplicado y agregar nueva generación toma tiempo…” Nos preguntamos ¿Esto no se planifica? Sólo el interés particular y la incapacidad gerencial lleva a esta improvisación.
Desde el inicio de su gestión el sector eléctrico ha ido en declive; el 2024 ha sido el peor año en su historia y el presente 2025 apunta a seguir el mismo curso si no se toma a tiempo una decisión a la altura de la problemática.
Expertos en la materia aseguran que, en toda esta situación eléctrica, además de la falta de planificación reiterada se verifica una responsabilidad exclusiva del sector privado frente al retraso en la entrada de nueva generación, porque se comprometieron a que en este año se incorporaría al sistema eléctrico 1,200 MegaWhat de generación térmica a base de ciclos combinados de gas natural.
El año va entrando en su último trimestre y este compromiso no se ha cumplido; pero aún, ni la Superintendencia de Electricidad ni el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras ejecutan las fianzas del fiel cumplimiento a los inversionistas de la generación térmica en su compromiso para este año.
Reconocemos que el presidente de la República Luís Abinader tiene suficientes razones para estar preocupado por la situación y para sentirse defraudado, lo que no justifica que procure buscar la solución en la declaratoria de un estado de emergencia como ha hecho emitiendo el Decreto 517-25, lo que procede es modificar la política eléctrica de su gobierno.
Este decreto de emergencia representa el fracaso absoluto y total de la política del gobierno en este sector, con un mal administrador que la ha catapultado. En los cinco años que van del actual gobierno el sector eléctrico ha recibido transferencia del presupuesto por el orden de los 5,600 millones de dólares. Con una adecuada planificación y buena gerencia el país no estaría afrontando la crisis de hoy. El decreto no es la solución, traerá mayor complicación.
Nuestras leyes son claras. El artículo 265 de nuestra Constitución y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, respectivamente, establecen criterios específicos para declarar estado de emergencia, medida que solo aplica en situaciones de calamidad que perturben gravemente el orden económico, social, medioambiental o constituyan emergencia pública. Y, como consecuencia de la crisis eléctrica actual no existe causa de fuerza mayor, sea pandemia, catástrofe por fenómeno natural que justifique el decreto de emergencia para el sector eléctrico; además, tal situación, reiteramos, es el resultado de la improvisación por falta de capacidad gerencial y técnica.
Lo que puede este decreto permitir es que todas las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, consultorías especializadas, vinculadas al sistema eléctrico, declaradas de emergencia, justifiquen la contratación “grado a grado” de una nueva barcaza que según fuentes confiables llegó al país 48 horas después de emitido el decreto, lo cual, por un lado lo que garantiza es protección al incumbente del sector eléctrico con mayor riesgo de profundizar la crisis; y por el otro contravenir la política de transparencia y ética gubernamental delineada por el presidente de la República, que aún así muchos de sus funcionarios lo están desoyendo, desgraciadamente.
La crisis eléctrica puede empezar a revertirse con la destitución del zar eléctrico, de los administradores de las distribuidoras y del superintendente de electricidad y una adecuada planificación desde la capacidad gerencial y técnica.
