Estados Unidos marca el rumbo y exige un giro político en Venezuela tras la caída de Maduro
Por Redacción SDE digital.-
Militares adeptos al chavismo afirmaron este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó de manera categórica la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, calificando el hecho como un “cobarde secuestro”. Según el comunicado atribuido a sectores militares leales al mandatario, la acción no solo atentó contra la soberanía nacional, sino que constituyó una grave violación al orden constitucional y a la institucionalidad del país, al tratarse —según su versión— de una operación ejecutada al margen de cualquier marco legal reconocido por el Estado venezolano.
En el documento difundido, estos militares sostienen que la supuesta captura se produjo “luego de asesinar a sangre fría a gran parte” del equipo de seguridad que custodiaba al jefe de Estado. Esta afirmación eleva considerablemente la gravedad de los hechos denunciados, al implicar no solo la detención del mandatario, sino también la pérdida de vidas humanas en circunstancias que describen como violentas y deliberadas. Para los firmantes del comunicado, este escenario configura un ataque directo contra la estructura de seguridad presidencial y contra funcionarios que, aseguran, cumplían con su deber institucional.
La FANB, de acuerdo con la declaración, se mantiene firme en su postura de lealtad al proyecto chavista y al liderazgo de Maduro, reiterando su compromiso con la defensa de lo que denominan la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Los militares afines al gobierno insisten en que no reconocerán ninguna acción que derive de lo que consideran una agresión externa o una conspiración destinada a desestabilizar el país y quebrar la cadena de mando legítimamente establecida.
Asimismo, el comunicado advierte sobre las posibles consecuencias políticas y sociales de un hecho de esta magnitud, señalando que una acción como la denunciada podría profundizar la crisis interna y generar un escenario de mayor confrontación. Los sectores militares leales a Maduro aseguran que este tipo de operaciones buscan sembrar el caos, desmoralizar a las fuerzas armadas y debilitar la cohesión interna, en un momento que describen como crucial para la estabilidad nacional.
Los militares adeptos al chavismo llamaron a la unidad de la FANB y de los sectores que respaldan al gobierno, exhortando a mantenerse en “alerta permanente” ante lo que consideran una amenaza directa contra el liderazgo político y militar del país. Reafirmaron que, desde su perspectiva, la historia juzgará con severidad a los responsables de lo que califican como un acto criminal, y reiteraron su narrativa de resistencia frente a cualquier intento de imponer soluciones por la fuerza al conflicto venezolano.
En un comunicado leído por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante una transmisión especial del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el alto mando militar aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene “unida y cohesionada” frente a lo que calificó como una “agresión imperial”. El mensaje fue difundido como respuesta directa a los ataques estadounidenses ocurridos el sábado en Caracas, los cuales, según la versión oficial, constituyen una acción hostil contra la soberanía y la estabilidad del país.
Durante la lectura del comunicado, Padrino López enfatizó que la FANB no se encuentra fragmentada ni debilitada, sino que, por el contrario, permanece alineada en torno a su estructura de mando y a la defensa del territorio nacional. El alto mando militar presentó esta unidad como un elemento clave para enfrentar cualquier amenaza externa, insistiendo en que las fuerzas armadas están preparadas para responder ante escenarios de mayor confrontación si así fuese necesario.
El documento difundido por VTV también subrayó que los ataques atribuidos a Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia de presión y hostigamiento contra Venezuela. Desde la óptica del estamento militar chavista, estas acciones buscan socavar la institucionalidad del país, generar inestabilidad interna y debilitar el control del Estado sobre sus fuerzas armadas, objetivos que —según aseguraron— no han sido logrados.
Asimismo, el alto mando reiteró su rechazo categórico a cualquier intervención extranjera y reafirmó su respaldo al liderazgo político del país. En el comunicado se hizo hincapié en que la FANB se considera un actor fundamental en la defensa del proyecto nacional y en la preservación del orden interno, alineando su discurso con la narrativa oficial de resistencia frente a lo que denominan injerencia externa.
No obstante, el alto funcionario militar reconoció públicamente la decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual fue dada a conocer la noche del sábado. En dicha resolución, el máximo órgano judicial ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma de manera inmediata las funciones como presidenta encargada de la República, ante la situación excepcional que atraviesa el país. Este reconocimiento marca un giro relevante dentro del discurso oficial, al subrayar el acatamiento formal de la institucionalidad vigente.
El militar destacó que la decisión del TSJ se inscribe dentro del marco constitucional y responde, según explicó, a la necesidad de garantizar la continuidad del Estado y el funcionamiento de los poderes públicos. Al aceptar el mandato judicial, el estamento militar busca proyectar una imagen de respeto al orden legal y de subordinación a las decisiones de los órganos competentes, aun en medio de un escenario político y de seguridad altamente tensionado.
La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada refuerza su rol central dentro del aparato gubernamental, consolidándola como la figura encargada de dirigir el Ejecutivo en esta coyuntura crítica. Según la narrativa oficial, su asunción temporal del cargo permitirá preservar la estabilidad institucional, evitar un vacío de poder y asegurar la conducción del país mientras se definen los pasos a seguir en el ámbito político y jurídico.
Desde el ámbito militar, el reconocimiento de esta decisión también fue presentado como una señal de cohesión interna y disciplina. El mensaje transmitido apunta a que las fuerzas armadas continuarán actuando bajo la cadena de mando establecida y en coordinación con las autoridades civiles designadas por el TSJ, reafirmando su compromiso con el mantenimiento del orden interno y la defensa de lo que consideran la legalidad constitucional.
El pronunciamiento deja claro que, pese a la retórica de confrontación frente a actores externos, el gobierno y el alto mando militar procuran sostener una narrativa de normalidad institucional. La aceptación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada se presenta así como un intento de enviar un mensaje de control, continuidad y gobernabilidad, tanto a la población venezolana como a la comunidad internacional, en medio de una de las crisis más delicadas del país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fijó este domingo con claridad la posición de Washington frente a la nueva coyuntura venezolana, al asegurar que su país gestionará la “dirección” hacia la que se moverá Venezuela en esta etapa de transición. Sus declaraciones reflejan el interés estratégico de la Casa Blanca en influir activamente en el rumbo político del país sudamericano, en un contexto marcado por la caída del liderazgo de Nicolás Maduro y la instalación de un nuevo esquema de poder en Caracas.
Rubio expresó que Estados Unidos espera que el nuevo Gobierno venezolano, ahora encabezado por la vicepresidenta y presidenta encargada Delcy Rodríguez, “tome un rumbo distinto al de Maduro”. Con estas palabras, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó entrever que Washington evaluará los primeros pasos del Ejecutivo interino para determinar el nivel de respaldo, cooperación o presión que ejercerá en el corto y mediano plazo, especialmente en materia de democracia, derechos humanos y gobernabilidad.
El mensaje del secretario de Estado también sugiere que Estados Unidos no se limitará a observar pasivamente los acontecimientos, sino que asumirá un rol activo en la redefinición del escenario político venezolano. Esta postura refuerza la idea de que la crisis de Venezuela sigue siendo un tema prioritario en la agenda hemisférica de Washington, tanto por sus implicaciones regionales como por el impacto migratorio, económico y de seguridad que ha generado en los últimos años.
En ese contexto, la figura de Delcy Rodríguez adquiere una relevancia estratégica. Para Estados Unidos, su liderazgo como presidenta encargada representa una oportunidad —aunque cargada de incertidumbre— para impulsar cambios sustanciales en la conducción del Estado venezolano. No obstante, el escepticismo persiste, dado su historial como una de las principales figuras del círculo cercano de Maduro y defensora del modelo chavista.
Mientras se desarrollan estas definiciones políticas, Nicolás Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York. Su traslado y encarcelamiento en territorio estadounidense marca un punto de quiebre histórico en la crisis venezolana, al tratarse de un hecho sin precedentes para un mandatario que durante años desafió abiertamente a Washington y se presentó como un símbolo de resistencia frente a Estados Unidos.
La detención de Maduro en una prisión federal estadounidense envía un mensaje contundente tanto a sus aliados como a sus detractores. Para la administración estadounidense, este hecho refuerza la narrativa de que nadie está por encima de la ley y de que, tarde o temprano, los líderes señalados por violaciones graves deberán responder ante la justicia internacional o nacional.
Desde la óptica política, la permanencia de Maduro en una cárcel de alta seguridad en Brooklyn también tiene un fuerte impacto simbólico dentro de Venezuela. Para sus seguidores, representa una humillación y una afrenta directa al chavismo; para la oposición y sectores críticos, es la confirmación de un desenlace largamente esperado tras años de denuncias y sanciones internacionales.
Las declaraciones de Marco Rubio y la situación judicial de Maduro parecen formar parte de una misma estrategia: presionar al nuevo liderazgo venezolano para que se distancie claramente del pasado reciente. Estados Unidos busca dejar en claro que cualquier intento de continuidad del modelo anterior podría cerrar las puertas a una eventual normalización de relaciones y a posibles alivios económicos o diplomáticos.
Al mismo tiempo, Washington intenta posicionarse como un actor clave en la reconfiguración del poder en Venezuela, marcando líneas rojas y expectativas claras al Gobierno interino. La “dirección” a la que aludió Rubio no solo implica cambios internos, sino también un realineamiento de Venezuela en el tablero geopolítico regional e internacional.
Finalmente, el escenario que se abre combina presión política, expectativa internacional y una profunda incertidumbre interna. Con Maduro encarcelado en Estados Unidos y Delcy Rodríguez al frente de un gobierno encargado, el futuro de Venezuela se encuentra en un punto decisivo, bajo la atenta mirada de Washington y de la comunidad internacional, que espera señales concretas de un verdadero giro político.
