¿Compite el Ayuntamiento con las funerarias privadas?
Por Redacción SDE digital
SANTO DOMINGO ESTE, RD.-
En la pasada sesión del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), se vivió un momento de profundo cuestionamiento institucional. Un regidor de la circunscripción número uno —quien en su momento fue el proponente de que cada demarcación del municipio contara con una funeraria municipal— alzó la voz con firmeza para denunciar una acción preocupante: el aumento del costo del servicio funerario sin la debida aprobación del Concejo de Regidores.
Según sus palabras, la Alcaldía ha incrementado los precios de estos servicios de forma unilateral, sin contar con la anuencia del órgano colegiado que representa la voluntad del pueblo. Esta práctica, además de cuestionable en términos administrativos, sugiere una peligrosa tendencia: que el propio ayuntamiento busque competir con las funerarias privadas, en lugar de cumplir con su rol esencial de garantizar servicios dignos y accesibles a los ciudadanos, especialmente en momentos de dolor y necesidad.
La denuncia no es menor. El artículo 20 de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios es claro al establecer los servicios municipales mínimos que deben brindarse a la ciudadanía. Entre ellos, está precisamente el servicio funerario. No se trata de un lujo, ni de una oportunidad de negocio, sino de una responsabilidad social y humana que debe estar regida por criterios de solidaridad, equidad y transparencia.
Si la Alcaldía toma decisiones que afectan directamente a la población más vulnerable —como aumentar el costo de enterrar a sus muertos— sin someterlas al escrutinio del Concejo, estamos ante una grave falta a los principios democráticos y de legalidad que rigen la administración pública.
¿Desde cuándo se ha vuelto una carga para las familias más pobres el tener que pagar precios casi comerciales por un servicio que debe ser subsidiado por el gobierno local? ¿Con qué propósito se autoriza un aumento si no hay una mejora proporcional en la calidad del servicio ofrecido? ¿Dónde está la promesa de un gobierno municipal cercano a la gente, si lo primero que hace es golpear donde más duele?
El Ayuntamiento no debe convertirse en un comerciante de la muerte. Debe ser garante de la dignidad, incluso en el último adiós. Si no hay una rectificación, esta medida terminará por socavar la confianza ciudadana y romper con el objetivo original de tener funerarias municipales: brindar un alivio económico y emocional a los más necesitados.
El Concejo debe exigir respuestas claras, una revisión de esta decisión, y sobre todo, el respeto a las normas y a su rol fiscalizador. Porque cuando la administración actúa al margen de sus propios órganos de control, pierde legitimidad, y lo que debió ser un servicio de alivio, se convierte en una carga.
