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De Trujillo a la democracia: La evolución de las empresas estatales en la República Dominicana.

Por Roberto Veras

SANTO DOMINGO.-

En el complejo paisaje económico y político de la República Dominicana, la transición de una dictadura a una democracia ha sido marcada por intentos significativos de preservar y transformar la herencia industrial del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Conocedores del proceso histórico reconocen que, tras la caída del dictador, una de las principales preocupaciones fue asegurar que las empresas establecidas bajo su gobierno no se disgregaran y permanecieran como patrimonio del Estado dominicano.

El presidente Joaquín Balaguer, sucesor y antiguo colaborador de Trujillo, tomó medidas importantes en este sentido. En un esfuerzo por centralizar y gestionar las diversas empresas estatales creadas durante el régimen trujillista.

Balaguer fundó la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). Este conglomerado tuvo como objetivo administrar y mantener la funcionalidad de estas empresas, asegurando que continuaran contribuyendo a la economía nacional.

Sin embargo, la llegada del primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 1996, liderado por Leonel Fernández, marcó el inicio de una nueva era en la gestión de estas empresas.

En 1997, mediante la Ley 141-97, se creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), con el propósito de continuar y expandir el proceso de capitalización de las empresas restantes del Grupo CORDE.

Este proceso, iniciado por el gobierno anterior, tenía como objetivo hacer más eficientes y competitivas a estas empresas en un mercado cada vez más globalizado.

La capitalización de las empresas estatales bajo la supervisión de CREP fue vista por muchos como un paso necesario para modernizar la economía dominicana. Sin embargo, este proceso también ha sido objeto de críticas.

Algunos sostienen que la privatización y capitalización de estas empresas no siempre se llevaron a cabo de manera transparente y que, en ciertos casos, favorecieron a intereses privados en detrimento del patrimonio estatal y del bienestar general de la población.

La experiencia de la República Dominicana en la transición de una economía controlada por un régimen autoritario a una economía de mercado en un contexto democrático ilustra las dificultades inherentes a este tipo de procesos.

Mientras que la administración centralizada de las empresas bajo CORDE buscaba mantener la estabilidad y evitar la disgregación de la herencia trujillista, las políticas de capitalización implementadas bajo CREP reflejaron un intento de adaptarse a las nuevas realidades económicas del siglo XXI.

El legado de Trujillo, con sus más de cincuenta empresas, sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre el desarrollo económico del país. Aunque su régimen fue caracterizado por la represión, las estructuras industriales y empresariales que dejó representan tanto una oportunidad como un desafío para las administraciones posteriores.

El camino hacia una economía más justa y eficiente en la República Dominicana requiere una evaluación crítica y equilibrada del pasado. Reconocer los logros y fracasos de cada era, desde la dictadura hasta la democracia, es esencial para forjar un futuro en el que las empresas estatales y privadas puedan coexistir y prosperar en beneficio de toda la sociedad.

La historia reciente muestra que, aunque la capitalización y modernización de las empresas estatales es un proceso complejo y a menudo controvertido, es también una oportunidad crucial para avanzar hacia un desarrollo económico más sostenible e inclusivo.

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