*Denunciar con responsabilidad: la verdad como base de la lucha contra la corrupción*
Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.-
En el contexto actual, donde cada día salen a la luz denuncias y revelaciones sobre actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, resulta saludable que la sociedad mantenga una actitud vigilante y crítica. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia y no pueden ser negociables bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, esa legítima vigilancia debe ejercerse con responsabilidad y apego a la verdad.
No toda acusación, por más atractiva o escandalosa que parezca, puede hacerse a la ligera. En muchas ocasiones se escucha afirmar que un funcionario “no puede tener tal o cual bien” porque su salario no se lo permite, sin antes realizar un análisis profundo y objetivo de su situación financiera real. Ese tipo de señalamientos apresurados puede conducir a juicios erróneos y a la desinformación colectiva.
Es importante recordar que muchos servidores públicos, al igual que cualquier ciudadano, pueden adquirir bienes mediante préstamos bancarios, hipotecas, financiamientos o ahorros acumulados durante años de trabajo. El simple hecho de poseer una propiedad o un vehículo no constituye, por sí solo, una prueba de enriquecimiento ilícito. Ignorar estos elementos puede convertir una denuncia en una acusación injusta.
La lucha contra la corrupción no puede sustentarse en suposiciones ni en percepciones personales. Para que una denuncia sea creíble y útil, debe estar respaldada por documentos, evidencias claras y datos verificables. De lo contrario, se corre el riesgo de banalizar un tema tan serio y de restarle fuerza a los verdaderos casos que sí ameritan sanción y condena.
Además, las denuncias irresponsables pueden causar daños irreparables a la reputación de personas que, aun siendo funcionarios, tienen derecho a la presunción de inocencia. En una sociedad democrática, el señalamiento público sin pruebas no solo es injusto, sino que también erosiona la confianza en los procesos institucionales y en los medios que los difunden.
Esto no significa, en modo alguno, que se deba guardar silencio frente a posibles irregularidades. Todo lo contrario: denunciar es un deber ciudadano. Pero ese deber debe ejercerse con ética, prudencia y un compromiso real con la verdad, evitando caer en la tentación del sensacionalismo o de la denuncia “alegre”.
En definitiva, combatir la corrupción exige firmeza, pero también madurez. Exige investigar antes de señalar, comprobar antes de acusar y actuar con responsabilidad antes de emitir juicios públicos. Solo así se fortalece la credibilidad de las denuncias y se contribuye de manera efectiva a la construcción de un país más justo y transparente.
