Disposición de recursos de 280 millones en el ASDE ha sido aprobada dentro del marco de la ley municipal.-
Por Roberto Veras,
SANTO DOMINGO ESTE.-
Se está discutiendo mucho en los círculos sociales la petición de recursos realizado por el alcalde, Dio Astacio, y la ley 176-07, que regula el funcionamiento de los ayuntamientos, es clara en cuanto a las responsabilidades del alcalde en situaciones de urgencia.
En su Artículo 60, literal 23, se especifica que el alcalde tiene la responsabilidad de ejercer acciones judiciales y administrativas en casos de emergencia, informando al Concejo Municipal en su primera sesión.
Por otro lado, el Artículo 56 establece las funciones del Presidente del Concejo Municipal, entre las cuales se encuentra la de convocar sesiones y fijar la agenda, considerando las peticiones del alcalde y los demás regidores.
En este contexto, la recién petición de recursos de 280 millones de pesos se enmarca dentro de la ley municipal. Se llevó a cabo una sesión pública donde el alcalde presentó la solicitud y el Concejo Municipal tuvo la potestad de aprobar o desaprobar dicha petición, siendo en este caso aprobada.
Exactamente, una vez que la petición ha sido aprobada dentro del marco legal y las disposiciones de la Ley 176-07, corresponde a los regidores ejercer su función de fiscalización para garantizar que los fondos sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de la comunidad. Esta responsabilidad de los regidores es crucial para asegurar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
Los regidores tienen el deber de supervisar y evaluar el uso de los fondos aprobados, asegurándose de que se destinen a los fines previstos y de que se eviten posibles desviaciones o malversaciones.
Esta labor de fiscalización contribuye a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión municipal, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en consonancia con los intereses de la comunidad.
Este proceso refleja la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley en el ámbito municipal. La participación activa del Concejo Municipal garantiza que las decisiones sean tomadas de manera responsable y en beneficio de la comunidad.
