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Investigación PGR y denuncia de dos periodistas activa el caso Odebrecht

SANTO DOMINGO.-

La mención de los periodistas Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara en el caso Odebrecht, vuelve a colocar a ese escándalo de corrupción en el primer plano del debate nacional, el cual en más de una ocasión, como ahora, ha acaparado la entera atención del país.

Este nuevo capítulo del más escandaloso y dimensionado caso de corrupción que hayan visto los tribunales dominicanos, repite en la palestra pública justo en la recta final para que el Ministerio Público (MP) presente las nuevas pruebas que ha prometido obtener para “robustecer” el expediente contra los encartados.

Francisco Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, había otorgado a la Procuraduría General de la República (PGR) un único plazo de cuatro meses que se cumple el sábado 9 de junio, para que el Ministerio Público presente las acusaciones en contra de los encartados por el caso de los 92 millones de dólares en sobornos que pagó en el país la multinacional Odebrecht.

Vencido dicho plazo, en cuestión de un mes, las autoridades del MP deben concluir las indagaciones para someter los expedientes para juicios de fondo o para dejar libres a los 14 implicados o algunos de ellos.

El pasado domingo, la PGR informó que ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también, ha realizado el análisis de miles de documentos.

La reacción inmediata de los comunicadores Martínez Pozo y Alcántara reavivó públicamente el caso que en los últimos meses se mantuvo “muerto” al menos en los medios de comunicación.

De manera singular y extraña, instancias gubernamentales suministraron informaciones valiosas a los dos periodistas, quienes recibieron datos suficientes como para en cuestión de horas convocar a una urgente rueda de prensa donde dieron a conocer al país una supuesta persecución contra ellos por parte del procurador general, Jean Alain Rodríguez.

Los encartados al momento, 14 en total, están acusados de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Todos se encuentran en libertad condicional.

 

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