Mantener toda precaución en espera de la vacuna
La noticia de que el gobierno de los Estados Unidos ordenó cerca de 100 millones de vacunas contra el COVID-19, de las cuales un millón serían enviadas a Puerto Rico, obliga al Departamento de Salud a preparar un plan de vacunación masiva para estar listo para la inmunización.
Los primeros lotes se repartirían en Estados Unidos en diciembre. Por lo que se desprende de la información provista por el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, a la isla llegarían probablemente el mismo mes. Ello significaría un gran avance hacia la normalización de las actividades sociales y económicas.
Completamente validada, la vacuna podría salvar una gran cantidad de vidas. Su éxito cambiaría nuestra dura forma de vida, ayudando a mitigar el clima de temor que existe entre la gente e impulsando la recuperación de la economía.
Coincide la noticia sobre la vacuna con el cambio de gobiernos en Puerto Rico y los Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden está volcado en el tema y ha prometido anteponer la crisis creada por el COVID-19 a cualquier otro asunto, tan pronto tome posesión del cargo en enero.
En Puerto Rico, el gobierno entrante tiene la gran oportunidad de establecer procedimientos eficientes para la eventual inmunización. Los acuerdos preliminares entre el Departamento de Salud y la Guardia Nacional, identificando los grupos de riesgo, que son los que lógicamente serán inmunizados primero, requieren completa afinación.
Los hospitales y los centros de cuido de envejecientes deben elaborar su propio protocolo para cooperar con la agencia salubrista. Pasada esa primera etapa, confiamos en que la vacuna pueda suministrarse en farmacias a todo cliente que la requiera, como se hace con la de la influenza.
Ese es el escenario ideal con el paso de los meses. Mientras tanto, hay que extremar las precauciones en vista de que el virus se propaga con renovada intensidad por los Estados Unidos y se acercan fechas señaladas, en las cuales aumentan las reuniones, y los viajes hacia y desde la isla.
Es preciso insistir en que, no importa el grado de parentesco, toda persona que pretenda alojarse en el hogar de un ser querido, o de amigos, debe llevar consigo una prueba negativa de COVID-19 de pocas horas de realizada. Nadie debe sentirse incómodo por hacer o recibir una petición de ese tipo.
Agraciadamente se percibe un alto nivel de conciencia entre la población. Así lo demuestra la respuesta al llamado para hacerse la prueba en los peajes y otros puntos céntricos, con gran afluencia de ciudadanos a los que no les importó esperar por horas. Todos quieren saber si están libres del virus, o conocer si están contagiados para seguir el protocolo de prevención de otros contagios y el tratamiento adecuado.
El gobierno debe proveer los recursos para satisfacer la necesidad y la responsabilidad ciudadana. Además de las pruebas, el rastreo de los casos de contagio se mantiene como responsabilidad principal de las autoridades salubristas.
Como en otras partes del mundo, la nueva cepa de coronavirus lleva en nuestra isla un paso ascendente. Hasta ayer, había causado 889 muertes confirmadas o probables, mientras los contagios confirmados y sospechosos sumaban 73,069. De las 538 personas hospitalizadas, 75 estaban en cuidado intensivo. Muy preocupante es el alto número de profesionales de la salud que se han enfermado con el COVID-19. Esta situación obliga a las autoridades sanitarias y a los patronos a robustecer la protección a la primera línea de defensa contra el virus.
Confiamos en que los esfuerzos científicos produzcan una vacuna exitosa que esté disponible para todos los residentes en el menor tiempo posible. Son noticias alentadoras en los arduos tiempos que vivimos.
