Odebrecht: El expediente de papel que tambaleó la justicia dominicana
Por Manuel Rojas
SANTO DOMINGO, RD.-
El caso Odebrecht en la República Dominicana estuvo marcado, desde sus inicios, por serias cuestionantes sobre la instrumentación del expediente acusatorio. Con el objetivo según múltiples opiniones de evitar que se hiciera justicia plena, se mal estructuraron los expedientes, provocando que las sentencias posteriores dejaran más dudas que certezas. Hoy no se puede afirmar con contundencia si los imputados fueron culpables o no, porque el proceso estuvo contaminado desde su génesis. Aunque uno siempre propugna por el derecho de todos los individuos, por la equidad, la justicia y el debido proceso, en este tema resulta inevitable arremeter contra las irregularidades señaladas.
Las críticas no provienen únicamente de sectores políticos o mediáticos, sino también de actores del propio sistema judicial. La magistrada Miriam Germán Brito, al conocer medidas de coerción en el proceso, expresó preocupación por la calidad probatoria del expediente. Señaló que la acusación se sustentaba principalmente en una delación premiada proveniente de Brasil, cargada de expresiones ambiguas como “es posible” o “es probable”, sin afirmaciones categóricas. Esa observación dejó entrever que el expediente podía carecer de la solidez necesaria para sostener condenas firmes.
Cuando se comparaban las informaciones enviadas desde Brasil, producto de los acuerdos de delación premiada, con lo que finalmente instrumentó el Ministerio Público dominicano, surgían notables diferencias. Para muchos observadores, lo que se produjo fue una especie de “falsedad instrumental”, al estructurarse un expediente que no reflejaba fielmente la información original. De ahí que se afirmara que el proceso parecía más un conjunto de papeles acumulados en cajas que un cuerpo probatorio robusto y coherente.
Uno de los imputados favorecidos posteriormente por decisiones judiciales fue Ángel Rondón. En entrevistas públicas, el empresario relató que se le habría propuesto involucrar con acusaciones a dirigentes políticos, incluyendo a Alfredo Pacheco, Jesús Vázquez Martínez y Andrés Bautista. Según su versión, se negó a hacerlo porque no podía imputar a personas a quienes afirmó no había entregado dinero. Estas declaraciones añadieron más controversia al proceso.
El eje central del caso fue la admisión de culpabilidad de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para la adjudicación de obras públicas en la República Dominicana. Parte de esas revelaciones estuvieron vinculadas a proyectos de alto perfil, incluyendo la termoeléctrica de Punta Catalina. Sin embargo, la forma en que se tradujeron esas admisiones en acusaciones concretas dentro del país fue uno de los puntos más debatidos.
Otro aspecto cuestionado fue el acuerdo de lenidad firmado entre el Ministerio Público y Odebrecht. En dicho acuerdo, la empresa se comprometió a pagar el doble del monto confesado en sobornos, es decir, 184 millones de dólares. No obstante, se excluyó de responsabilidad penal a representantes locales de la empresa, a pesar de que las delaciones premiadas señalaban su participación en los pagos ilícitos. Esta decisión generó críticas sobre la equidad del proceso y la verdadera voluntad de perseguir todas las responsabilidades.
En definitiva, el caso Odebrecht dejó al descubierto no solo un entramado de sobornos internacionales, sino también profundas debilidades institucionales en la conducción del proceso judicial dominicano. Más allá de simpatías o antipatías hacia los imputados, lo que quedó en evidencia fue la fragilidad de un expediente que, según voces autorizadas, no cumplió con los estándares probatorios necesarios. Y cuando la justicia no logra ofrecer claridad ni firmeza, la sociedad entera termina pagando el precio de la desconfianza.
