Opinar sin pruebas puede costar cárcel, dinero y la credibilidad pública
Por redacción SDE digital,.
En una época donde las redes sociales se han convertido en plataformas de denuncia, opinión y confrontación pública, muchos comunicadores olvidan que la libertad de expresión también tiene límites establecidos por la ley. La rapidez con la que se difunde una información puede destruir reputaciones en cuestión de minutos, y por eso resulta indispensable que quienes ejercen la comunicación conozcan a profundidad la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y sus modificaciones relacionadas con los delitos electrónicos.
Hoy día cualquier persona con un teléfono celular, una cámara y acceso a internet cree tener el derecho absoluto de señalar, acusar y condenar públicamente a otro ciudadano sin presentar pruebas. Sin embargo, la realidad jurídica es muy diferente. Las acusaciones infundadas, las difamaciones y las injurias pueden convertirse en procesos judiciales serios que terminan afectando no solo la credibilidad del comunicador, sino también su libertad y patrimonio económico.
Muchos comunicadores improvisados han confundido la opinión con el ataque personal. Hacer opinión pública no significa destruir la honra de una persona ni emitir juicios sin fundamentos. El periodismo responsable exige investigación, pruebas y equilibrio antes de colocar cualquier denuncia en un programa de televisión, una emisora, un periódico digital o una transmisión en vivo en redes sociales.
En los últimos años se han visto numerosos casos de figuras de la comunicación que han tenido que enfrentar demandas por difamación y delitos electrónicos debido a declaraciones irresponsables. Algunos han terminado pagando grandes sumas de dinero como indemnización, otros han tenido que ofrecer disculpas públicas y varios incluso han enfrentado procesos que incluyen penas de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de los daños ocasionados.
La tecnología ha facilitado la difusión de contenidos, pero también ha dejado evidencias permanentes. Un comentario realizado en una transmisión en vivo, una publicación en Facebook o un video subido a YouTube puede convertirse en una prueba contundente ante un tribunal. Por eso los especialistas insisten en que los comunicadores deben actuar con prudencia y responsabilidad antes de emitir acusaciones contra cualquier ciudadano o funcionario.
No se trata de limitar la crítica ni de silenciar la denuncia social. La sociedad necesita voces críticas y medios de comunicación valientes. Pero toda denuncia debe estar sustentada en documentos, testimonios verificables o investigaciones serias. La credibilidad de un comunicador se fortalece cuando habla con pruebas y no cuando se deja llevar por rumores, emociones o intereses particulares.
La falta de preparación jurídica está llevando a muchos creadores de contenido y comunicadores digitales a cometer errores graves. Algunos desconocen que la ley contempla sanciones específicas para quienes utilicen medios electrónicos para difamar o injuriar. Otros creen equivocadamente que las redes sociales son espacios sin regulación, cuando en realidad las publicaciones digitales tienen consecuencias legales iguales o mayores que las realizadas en medios tradicionales.
En medio de este escenario, se hace necesario que los comunicadores dominicanos asuman con más responsabilidad el ejercicio de la opinión pública. Conocer la ley, respetar la dignidad de las personas y verificar las informaciones antes de difundirlas debe ser parte esencial de la ética profesional. Porque al final, una palabra irresponsable puede costar dinero, credibilidad y hasta la libertad de quien la pronuncia.
