Entre los imputados figura el destituido director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) Leoncio Almánzar, quien fue detenido, y la exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual directora Nacional de Registro de Títulos, Rosabel Castillo.
Asimismo, el exconsultor jurídico y el exgerente inmobiliario de Corde Irvin José Cruz Crespo y Manuel Aybar Ferrato, respectivamente, así como Domingo Gerardo Lebrón, y los hermanos Carlos y Julio César Gómez William, principales accionistas de la sociedad comercial Infepa.
Igualmente, Juana Inés Gómez William, principal accionista y representante de la entidad Proyecciones Inmobiliarias Gómez; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial Titulatec, y los agrimensores Ana Ozuna Nolasco y Adonis Ruiz Mella.
Están acusados de prevaricación, falsedad, desfalco contra el Estado y asociación de malhechores, dijo en rueda de prensa el procurador general, quien subrayó que “cada caso es individual”.
En las próximas horas el Ministerio Público pedirá prisión preventiva contra cada uno de los acusados, agregó.
El funcionario explicó que la empresa que compró las tres parcelas en Los Tres Brazos y cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por Corde, fue Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa).
Posteriormente, esa misma empresa vendió parte de los terrenos a Titulatec, afirmó el funcionario.
De acuerdo con Rodríguez, los mismos inmuebles que fueron adquiridos por 80 millones de pesos al Estado dominicano fueron vendidos esta vez en 200 millones de pesos.
A finales de 2016 el presidente Danilo Medina dispuso la “suspensión inmediata” de toda operación de venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector de Los Tres Brazos, así como cualquier tipo de acción de desalojo contra los ocupantes de esa barriada.
Asimismo, Medina designó una comisión para indagar lo relativo a dicha venta, que fue “precaria e irregular”, según concluyó la comisión, que encabezó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
Posteriormente, el 12 de febrero del año pasado, Medina ordenó la suspensión de las operaciones de Corde y de la Comisión de Reforma a la Empresa Privada (CREP), y dispuso la disolución de ambas entidades, al tiempo que derogó el decreto 398-08, que designó a Leoncio Almánzar como director general de Corde.
