¿Por qué en Puerto Rico no pueden votar en las presidenciales si pertenece a EEUU?

Por Roberto Veras

SANTO DOMINGO.-

La relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es única y compleja, enraizada en la historia y marcada por las luchas y cambios de identidad de la isla. Aunque Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos desde que fue cedido por España en 1898 como resultado de la Guerra Hispanoamericana, la realidad de su estatus político actual, como Estado Libre Asociado, implica importantes limitaciones en los derechos políticos de sus ciudadanos.

Puerto Rico es considerado un territorio no incorporado de los Estados Unidos, lo que significa que pertenece a la nación pero no forma parte de ella en igualdad de condiciones que los estados. Este estatus permite que los residentes de la isla tengan ciudadanía estadounidense desde 1917, pero, paradójicamente, no les otorga el derecho a participar en las elecciones presidenciales. Pueden votar en las primarias de los partidos, pero no en las elecciones generales para presidente.

Este desbalance en los derechos políticos radica en la Constitución de los Estados Unidos y en la jurisprudencia establecida por decisiones históricas de la Corte Suprema, como las llamadas Insular Cases, que definieron el estatus de los territorios adquiridos tras la Guerra Hispanoamericana. Estas decisiones, profundamente marcadas por prejuicios de la época, establecieron que los territorios no eran automáticamente elegibles para la plena incorporación y, por ende, sus residentes no gozaban de todos los derechos constitucionales.

El estatus de Estado Libre Asociado, que Puerto Rico adoptó en 1952, le confirió un grado de autonomía: cuenta con su propia Constitución, elige a su gobernador y posee un sistema judicial y legislativo propio. Sin embargo, la soberanía última sobre el territorio recae en el Congreso de los Estados Unidos, lo que ha mantenido a la isla en un limbo político.

La imposibilidad de votar en las elecciones presidenciales subraya una realidad incómoda: los puertorriqueños, aunque ciudadanos de un país democrático, no tienen representación en una de las decisiones más fundamentales de cualquier democracia, la elección de su jefe de Estado. Sin senadores ni representación con voto en la Cámara de Representantes, la influencia política de la isla en el Congreso también es limitada. El comisionado residente, elegido por los puertorriqueños, puede participar en los debates, pero no tiene derecho al voto en las decisiones legislativas.

Esta situación ha alimentado un debate perenne en la isla: ¿debería Puerto Rico buscar la estadidad, que le permitiría participar en las elecciones presidenciales y obtener representación plena en el Congreso? ¿O debería avanzar hacia un estatus de independencia o una redefinición del Estado Libre Asociado que refuerce su autogobierno? Los resultados de los referendos sobre el estatus político han sido ambiguos, reflejando la división de opiniones entre los propios puertorriqueños.

La pregunta sobre por qué los ciudadanos de Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales es, en última instancia, una pregunta sobre los límites de la democracia y la autodeterminación en los territorios. Es un recordatorio de que el estatus político de la isla es un tema sin resolver, que deja en evidencia una dualidad que, para muchos, representa una deuda histórica de los Estados Unidos con los puertorriqueños: la promesa no cumplida de una representación justa e igualitaria.