Satanizan la construcción de una estación de combustible en la Av. Ecológica

Por Roberto Veras

SANTO DOMINGO ESTE.-

El permiso de uso de suelo, otorgado por los ayuntamientos, es una etapa preliminar crucial en el proceso de construcción. Este permiso no autoriza directamente la construcción, sino que habilita al constructor a realizar los estudios necesarios de factibilidad en diversas entidades. En otras palabras, es el primer paso que permite investigar si el proyecto puede llevarse a cabo bajo las normativas vigentes.

Se ha querido satanizar al Concejo de Regidores y a la Alcaldía, cuando en realidad lo que han permitido es la realización de todos los estudios necesarios para evaluar la viabilidad del proyecto. Es importante aclarar que el permiso de uso de suelo, otorgado por estos organismos, no es una autorización para construir de inmediato. Este permiso inicial permite al constructor llevar a cabo los estudios requeridos por diferentes entidades.

El proceso incluye una serie de evaluaciones técnicas y ambientales que deben ser aprobadas antes de que se pueda comenzar cualquier construcción. Es el Ministerio de Medio Ambiente el encargado de determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, basándose en los estudios presentados. Solo después de superar esta etapa, y otras posibles revisiones, el proyecto puede recibir la aprobación final.

Una vez que se otorga el permiso de uso de suelo, el siguiente paso es realizar una serie de estudios técnicos y ambientales. Estos estudios son indispensables para asegurar que el proyecto no tendrá un impacto negativo significativo en el entorno y que cumple con todas las regulaciones locales y nacionales. La entidad encargada de evaluar y decidir sobre la factibilidad ambiental del proyecto es el Ministerio de Medio Ambiente. Si los resultados de estos estudios son favorables, el proyecto puede avanzar hacia la etapa de construcción.

El proceso completo para construir una estación de combustible es particularmente largo y puede extenderse entre 4 y 5 años. Esto se debe a la complejidad de los estudios requeridos, la necesidad de obtener múltiples aprobaciones y la rigurosidad de las evaluaciones ambientales. Cabe destacar que el organismo encargado de aprobar definitivamente los proyectos es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), cuya función es garantizar que todas las regulaciones y normativas se hayan cumplido adecuadamente.

Este procedimiento meticuloso y prolongado refleja la importancia de garantizar que las nuevas construcciones, especialmente las estaciones de combustible, no sólo sean viables desde un punto de vista técnico y financiero, sino también responsables desde el punto de vista ambiental y social. Es fundamental que todos los actores involucrados comprendan la naturaleza y la secuencia de estos permisos y estudios para evitar malentendidos y asegurar el cumplimiento de todas las normativas vigentes.

Muchos están interesados en sacar provecho político con el objetivo de ganar visibilidad y apoyo, sin considerar el verdadero contexto y las responsabilidades del Concejo de Regidores y la Alcaldía. Estos organismos no están autorizando construcciones de manera inmediata, sino permitiendo la realización de estudios preliminares necesarios para evaluar la viabilidad de los proyectos.

Es crucial entender que el permiso de uso de suelo es solo el primer paso en un proceso largo y riguroso. Este permiso inicial permite a los constructores realizar estudios técnicos y ambientales indispensables. Estos estudios, revisados por entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, determinan si un proyecto es factible desde el punto de vista ambiental y cumple con las regulaciones vigentes.

Desafortunadamente, algunos actores políticos intentan satanizar a las autoridades locales, usando la desinformación para sus propios fines y buscando ganar protagonismo. Este tipo de acciones no solo distorsionan la realidad, sino que también pueden generar desconfianza y malentendidos entre la ciudadanía. Es importante que la comunidad esté informada sobre la verdadera naturaleza de estos procesos y reconozca el compromiso de las autoridades locales con la transparencia y la legalidad.

En lugar de ceder a la politización del proceso, debemos centrarnos en comprender y respetar los procedimientos que garantizan el desarrollo ordenado y responsable de nuestras ciudades, asegurando que cualquier nuevo proyecto cumpla con todas las normativas y proteja tanto el entorno como el bienestar de la comunidad.