Urge corregir las malas prácticas en la producción de energía eléctrica
Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.-
Durante las tres últimas administraciones gubernamentales en la República Dominicana, el Movimiento Izquierda Unida, a través de su secretario general Miguel Mejía, ha sido reiterativo en denunciar las malas prácticas que afectan de manera directa la generación, distribución y venta de energía eléctrica. Estas denuncias han señalado con nombre propio a Celso Marranzini, cuya permanencia en cargos públicos vinculados al sector eléctrico ha sido siempre cuestionada.
Resulta inaceptable que una figura con un historial de críticas y señalamientos, tanto de especialistas del área como de diversos sectores sociales, se mantenga como actor determinante en un sector estratégico para la nación. El país no puede seguir permitiendo que un funcionario sea juez y parte al mismo tiempo, manejando intereses estatales y privados en una misma balanza.
Desde su designación en la administración pública, la labor de Marranzini ha sido motivo de controversias. Sus acciones dejan claro que su gestión se ha inclinado más hacia la protección de intereses particulares que hacia el beneficio colectivo, lo cual explica en parte por qué persisten los apagones, los altos costos y la ineficiencia en el servicio eléctrico.
El problema no es nuevo, pero sí se agrava con la falta de voluntad política para cortar de raíz estas malas prácticas. El país necesita funcionarios con vocación de servicio, con capacidad técnica comprobada y con una verdadera visión de desarrollo sostenible. Marranzini, según las críticas, no reúne ninguna de estas condiciones.
La energía eléctrica es un pilar estratégico nacional. Su correcta administración incide de manera directa en la competitividad de las empresas, en la calidad de vida de los ciudadanos y en la estabilidad del sistema productivo del país. Por ello, no puede estar en manos de improvisados ni de personas que priorizan intereses particulares.
Los constantes apagones, que siguen generando malestar en los hogares y pérdidas millonarias en el sector productivo, son un claro reflejo de la mala gestión acumulada. Lo peor es que, lejos de corregirse, estas prácticas parecen afianzarse con la complicidad del poder político.
El presidente Luis Abinader, que ha hecho de la ética y la transparencia banderas de su gestión, tiene en sus manos la oportunidad de enviar un mensaje claro a la nación: en el sector eléctrico no puede haber espacio para funcionarios cuestionados, sin capacidad técnica y con intereses en conflicto.
En nombre del pueblo dominicano, que sufre los odiosos apagones y paga una de las facturas eléctricas más caras de la región, se reclama un cambio urgente en la conducción de esta institución. La permanencia de Marranzini al frente de esta estructura estatal no solo contradice los principios de transparencia, sino que representa un lastre para el desarrollo.
No se puede hablar de modernización del sector eléctrico mientras se mantenga en posiciones de poder a figuras cuya gestión está marcada por la ineficiencia y la falta de visión. El discurso oficial de transformación pierde credibilidad si no se toman medidas firmes contra quienes han convertido el servicio eléctrico en un negocio particular.
Los reclamos no provienen únicamente de organizaciones políticas. Son múltiples las voces de ingenieros, técnicos y expertos que han advertido sobre la falta de idoneidad en el manejo del sistema eléctrico. Desoír estas advertencias es condenar al país a un círculo vicioso de apagones, déficits y corrupción.
El pueblo dominicano ya no tolera más excusas ni promesas incumplidas. La electricidad es un derecho básico y estratégico que no puede seguir sometido al vaivén de intereses particulares. Se requiere liderazgo, decisiones firmes y una voluntad real de transparentar la gestión.
En definitiva, señor presidente, sustituir a un funcionario cuya incapacidad técnica y gerencial está perjudicando al país sería un acto de justicia y coherencia con los principios que usted ha prometido defender. El tiempo de las complicidades debe terminar y el país merece un sistema eléctrico eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía.
