El CNM y la erosión del principio de inamovilidad judicial
Por Juan José Encarnación
SANTO DOMINGO, RD.-
El debate político y jurídico más relevante del momento gira en torno a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de destituir a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia, bajo el alegato de que no superaron satisfactoriamente sus evaluaciones. Este hecho ha generado un profundo cuestionamiento sobre la legalidad y legitimidad del procedimiento, ya que, por tercera ocasión, el CNM confunde o deliberadamente distorsiona el concepto de evaluación con el de límite de mandato, en abierta contradicción con los principios de independencia judicial consagrados en la Constitución.
La Constitución dominicana es clara: los jueces de la Suprema Corte de Justicia gozan de inamovilidad absoluta. Esto significa que no pueden ser removidos, trasladados o jubilados sin causa justificada y debidamente fundamentada en ley. No existe un término de duración de su nombramiento, sino una evaluación periódica cada siete años para valorar su desempeño, sin que esta implique automáticamente su sustitución. El CNM, al actuar como si los jueces tuvieran un período limitado, vulnera el espíritu constitucional y abre una peligrosa brecha de inestabilidad institucional.
Políticamente, esta acción parece responder más a intereses coyunturales que a criterios técnicos o jurídicos. En un país donde las estructuras partidarias tienden a influir en todos los poderes del Estado, la manipulación de los procesos de evaluación judicial se convierte en un mecanismo de control político. Los jueces que no se alineen con los intereses del grupo dominante dentro del CNM corren el riesgo de ser excluidos, lo que compromete gravemente la independencia del Poder Judicial y la credibilidad del sistema democrático.
El artículo 181 de la Constitución y el artículo 35 de la Ley Orgánica del CNM establecen que cualquier decisión de destituir a un juez debe estar sustentada en razones objetivas, documentadas y conforme a la ley. Sin embargo, en este caso, la justificación se limita a un escueto “no pasaron las evaluaciones”, sin detallar las faltas graves o deficiencias específicas que lo motivaron. Esta falta de transparencia debilita la confianza ciudadana y pone en evidencia un patrón de arbitrariedad institucional.
La inamovilidad judicial no es, como algunos pretenden hacer ver, un privilegio personal de los jueces. Es una garantía ciudadana, un pilar de la justicia imparcial y del Estado de derecho. Sin independencia judicial, los ciudadanos quedan desprotegidos frente al poder político y económico. El propio Estatuto del Juez Iberoamericano lo señala: la estabilidad en el cargo asegura un sistema judicial previsible, accesible y confiable. Por tanto, debilitar esa estabilidad equivale a socavar la base misma de la democracia.
La destitución de los magistrados Manuel Alexis Read, Pilar Jiménez Ortiz y Moisés Ferrer, sin una motivación legal sólida, representa un retroceso institucional y un precedente alarmante. Con ello, el CNM envía el mensaje de que la permanencia de un juez depende más de su simpatía hacia los sectores hegemónicos que de su desempeño judicial. Esta práctica erosiona la división de poderes y convierte la evaluación septenal en una herramienta de control político, en lugar de un mecanismo de fortalecimiento institucional.
El trasfondo político de esta decisión refleja la tensión permanente entre los intereses partidarios y los principios republicanos. En lugar de promover la transparencia y el equilibrio de poderes, el CNM actúa como un instrumento de poder del Ejecutivo, debilitando la institucionalidad que juró proteger. En el contexto actual, donde el país demanda mayor independencia judicial y confianza en las instituciones, decisiones como esta acentúan la percepción de que la justicia se administra según conveniencias.
En conclusión, el CNM ha cometido un error político y jurídico de gran magnitud. Ha confundido evaluación con destitución, rendimiento con obediencia, independencia con deslealtad. La ciudadanía dominicana necesita un Poder Judicial fuerte y libre de presiones, no jueces atemorizados por perder sus cargos. Este episodio debe servir de alerta a todos los sectores comprometidos con la democracia: cuando el poder político se arroga el derecho de decidir quién interpreta la ley, lo que está en juego no es un nombramiento, sino la justicia misma.
