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La designación de funcionarios es una prerrogativa exclusiva del presidente

Por Roberto Veras

SANTO DOMINGO, RD.-

El presidente Luis Abinader ha demostrado tener la suficiente capacidad, criterio y experiencia para decidir quiénes deben acompañarle en el tren gubernamental. Como jefe del Estado, conoce de primera mano quiénes aportan con su trabajo, con su lealtad institucional y hasta con su sola presencia en los espacios de decisión. Esa evaluación es personal, estratégica y responde a una visión de gobierno que solo le corresponde a él conducir.

Resulta de muy mal gusto, y hasta indelicado, que algunos comunicadores pretendan asumir el rol de seleccionadores de funcionarios públicos, señalando quiénes están “calificados” para ocupar este o aquel cargo. Ese tipo de conductas no solo invade competencias que no les corresponden, sino que desnaturaliza el respeto que debe existir hacia la figura presidencial y la institucionalidad del Estado.

La designación de funcionarios es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, establecida en la Constitución y sustentada en la confianza política y administrativa. Ningún comentarista, por influyente que se crea, tiene autoridad para imponer criterios sobre decisiones que forman parte del núcleo del poder ejecutivo.

Peor aún, cuando de manera lisonjera se promueve públicamente a una persona para un cargo específico, lejos de favorecerla, se le causa un daño. Ese tipo de promoción interesada puede generar suspicacias, incomodidades innecesarias y hasta rechazo dentro de los propios círculos de decisión, afectando al propuesto más de lo que lo beneficia.

El presidente Abinader no necesita presiones mediáticas ni listas sugeridas para conformar su equipo de gobierno. Su liderazgo se ha caracterizado por la toma de decisiones ponderadas, evaluando perfiles, resultados y contextos, sin dejarse arrastrar por el ruido externo ni por agendas particulares disfrazadas de opinión.

La prudencia debe ser una norma tanto en la comunicación política como en el análisis público. Opinar es válido, pero cruzar la línea hacia la imposición simbólica de nombres y cargos es una falta de respeto institucional que no contribuye a fortalecer la democracia ni la gobernabilidad.

Por ello, lo más sensato es esperar. Confiar en que el presidente sabrá, como hasta ahora, escoger a quienes entienda más idóneos para acompañarle en su gestión. El tiempo y los hechos siempre terminan confirmando que las decisiones de Estado no se toman en micrófonos, sino en el ejercicio responsable del poder.

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