¡Sin fundamento y fuera de contexto! Rosa Encarnación desata polémica al atacar incentivos históricos que ningún gobierno se ha atrevido a tocar
Por Juan José Encarnación
SANTO DOMINGO, RD.-
Las recientes declaraciones de Rosa Encarnación sobre los incentivos al turismo y a las zonas francas han generado debate, pero carecen de fundamento sólido cuando se analizan en su debido contexto. Sus afirmaciones apuntan a que el gobierno actual está favoreciendo a los sectores más ricos del país mediante la entrega de estos incentivos, lo cual no se corresponde con la realidad histórica de dichas políticas.
En primer lugar, es importante destacar que estos incentivos no son medidas nuevas ni creadas por la administración actual. Se trata de leyes que tienen una larga trayectoria en la República Dominicana, con una vigencia de aproximadamente 24 años en el caso del turismo y 36 años en el caso de las zonas francas. Estas normativas fueron concebidas como herramientas para impulsar el desarrollo económico y la inversión.
A lo largo de estas décadas, diversos gobiernos han asumido la dirección del país sin que ninguno haya eliminado o modificado sustancialmente estos incentivos. Esto evidencia que han sido considerados como pilares importantes para la economía nacional, especialmente en la generación de empleos y en la atracción de inversión extranjera.
Por tanto, resulta injusto atribuir exclusivamente al gobierno actual una política que ha sido sostenida en el tiempo por distintas administraciones. No se puede presentar como una acción aislada o reciente lo que en realidad es una continuidad de un modelo económico previamente establecido.
Ahora bien, esto no significa que dichas leyes no puedan ser revisadas. Es válido y necesario que, en un contexto cambiante, se evalúe su impacto y se determine si aún responden a las necesidades del país. La revisión de estas normativas puede ser parte de un debate sano y constructivo en beneficio del desarrollo nacional.
Sin embargo, una cosa es proponer una revisión y otra muy distinta es acusar sin fundamentos al gobierno de estar “regalando el dinero del pueblo” a sectores poderosos. Este tipo de afirmaciones, sin el debido sustento, pueden distorsionar la percepción pública y desviar la atención de los verdaderos temas de interés.
En definitiva, lo más importante es reconocer que se trata de leyes que han sido respetadas por todos los gobiernos anteriores. En ese sentido, el gobierno actual no hace más que manejarse dentro del marco legal existente, y cualquier crítica debe partir de un análisis objetivo, respetuoso de la verdad y del contexto histórico en que estas políticas fueron creadas.
